lunes, 19 de noviembre de 2012


HOY COLOMBIA PIERDE MÁS DE LO QUE GANA

Aunque ratifica soberanía pierde mar y con esto la posibilidad de continuar con su ritmo de explotación marítima y desarrollo económico en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

La decisión

La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) le reconoció a Colombia la soberanía sobre los cayos adyacentes al archipiélago de San Andrés y Providencia (Albuquerque, Bajo Nuevo, Este-Sudeste, Quitasueño, Roncador y Serranilla), pero perdió cerca del 40% del mar territorial que antes tenía. Además de esto los cayos Quitasueño y Serranilla han quedado como enclaves colombianos en mar nicaragüense, es decir, pertenecen a Colombia pero el mar que los rodea y que los divide de los otros cayos, pertenece a Nicaragua.

Así lo anunció en la mañana de hoy el presidente de la CIJ, Peter Tomka, al leer el fallo que al fin definió la suerte del conflicto entre ambos países por obtener la soberanía definitiva del territorio en disputa.

Dejando al fin años y años de conflictos entre dos naciones hermanas.

El presidente de la CIJ, indicó que el tribunal concedía a Managua un área marítima más allá de 12 millas de los cayos de Serrana y Quitasueño al norte y otro espacio al sur de los de Alburquenque y Este Sudeste.

Cronología del conflicto

La querella inició en 1928 cuando Managua cedió a Bogotá las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina con la firma del tratado Bárcenas-Meneses Esguerra, que fue ratificado en 1933 cuando el país estaba intervenido por Estados Unidos.

En 1969 Colombia pretendió establecer su límite con Nicaragua en el meridiano 82, que Managua rechazó alegando que el tratado no fijó límites y que esa decisión cercenaba su plataforma continental en el Caribe. En 1980, Nicaragua declaró nulo el tratado.



En diciembre de 2001, Nicaragua denunció a Colombia ante la CIJ su soberanía sobre el archipiélago. Seis años más tarde, el tribunal reconoció la soberanía colombiana sobre las tres islas pero se declaró competente para dirimir la delimitación marítima entre los dos países y definir la soberanía de los cayos.

Las aguas en disputa son zonas de gran riqueza pesquera y petrolífera, cuya lucha por su control tuvo un punto álgido en 2002.


En julio de ese año, los dos países tuvieron un enfrentamiento diplomático por la convocatoria nicaragüense de una licitación internacional para otorgar concesiones petroleras en aguas caribeñas bajo jurisdicción colombiana.

En 2007 la CIJ ya emitió un fallo respondiendo a alegaciones provisionales de Colombia, en la que atribuía a Bogotá la soberanía de las principales islas del archipiélago: San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Ya para 2012 se resuelve el conflicto. La Haya concluye entonces en su lectura de la decisión final que "durante decenios, Colombia ha actuado como soberano" en esos cayos y "ejecutado su autoridad soberana, sin oposición de Nicaragua" es por esto que seguirá siendo soberano absoluto.

También señaló que las autoridades de Bogotá han ejercido una administración pública, así como realizado trabajos públicos, visitas navales, operaciones de búsqueda y salvamento y de consulado. "Nicaragua no ha dado pruebas de actuar a título de soberanía" sobre esos cayos, leyó el presidente de la CIJ.

El problema: ¿Por qué pierde Colombia?

El punto de pérdida para Colombia se basa en que aunque ganó los cayos, el presidente del CIJ, indicó que el tribunal concedía a Managua un área marítima más allá de 12 millas de los cayos de Serrana y Quitasueño al norte y otro espacio al sur de los de Alburquenque y Este Sudeste


Además, los jueces tampoco fijaron una delimitación fija al Este, ya que a partir del meridiano 79, hay intereses en juego de terceros países, echo que puede complicar aún más la ya tensionante situación que queda en ambos países. Por otra parte, el litigio no es solo por media docena de cayos y millas de mar. Están en juego un valioso caladero y un yacimiento de crudo.


Y es que esas aguas del mar Caribe son una despensa de langostas, caracol y pescado para las comunidades de las islas colombianas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; al tiempo que albergan más de 3.000 millones de barriles de petróleo, según estudios oficiales.

El politólogo e internacionalista Andrés Molano, de la Universidad del Rosario de Bogotá, dijo a Efe que Colombia es quien más tiene que perder por el fallo y apuntó que los grandes perjudicados serán los isleños y no tanto el Estado, pues son quienes a diario se desplazan a los cayos de Quitasueño y Serrana para pescar y garantizar su supervivencia y ahora estarán limitados a las condiciones de Nicaragua, al ser soberana del espacio marítimo que divide a los dos cayos con el resto.


La pesca tradicional es, junto con el turismo, la actividad económica más importante para los habitantes de este remoto archipiélago, ubicado a 190 kilómetros de Nicaragua y a 775 de la Colombia continental.

"Nicaragua es el que no tiene nada que perder, y máxime si tenemos en cuenta que es uno de los Estados más pobres de las Américas, al que le vendría muy bien el hecho de poder acceder a recursos pesqueros y de petróleo", agregó Molano. El país centroamericano ya manifestó en 2002 su interés en explotar la riqueza en hidrocarburos de esta zona, cuando convocó a una licitación internacional para otorgar concesiones petroleras en aguas caribeñas.


Este archipiélago, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en el año 2000, cuenta con uno de los arrecifes más extensos de América. El "mar de los siete colores", como reza el acertado reclamo turístico del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es también un objeto codiciado por su ubicación estratégica.

Ahora se espera  el pronunciamiento del presidente colombiano Juan Manuel Santos  y la interpretación que el gobierno le dará al fallo, momento que esperan con gran expectativa tanto el pueblo colombiano en general como el gremio pesquero, ya que como se conoce, el fallo de la CIJ es inapelable  y solo queda que el Ministerio de Agricultura adopte nuevas políticas que ayuden a sobrellevar las consecuencias económicas y de otra índole que sufrirá el departamento. 

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